Se escucharon todas las voces, de políticos, de funcionarios y de líderes de organizaciones sociales; se leyeron todas las palabras posibles en diarios de diversa seriedad y se emitieron todas las opiniones esperables sobre el tema. Desde el 22 de julio, fecha en que se denunció que tres jóvenes ejercían la prostitución en una propiedad de Eugenio Zaffaroni, integrante de la Corte Suprema de Justicia, se dijo y especuló hasta lo impensable. Y con clara intencionalidad en la escritura, se instaló la idea de que el juez está ligado a un delito, aunque nunca se aclaró cuál. Algunos pidieron la renuncia, otros el juicio político y algunos más observaron que todo eso era un despropósito. La cuestión de fondo podría haber sido cómo funciona la red de trata de personas en el país, y sin embargo, el debate se centró en el juez. Un debate, por otra parte, que careció de ideas más allá del ataque sistemático a una figura que, en la Argentina y en el mundo, tiene un lugar destacado en la lucha contra los diversos tipos de explotación, por el respeto a los derechos humanos y en la aplicación productiva de la justicia para que no quede sólo en el castigo. Una figura que, además, se asocia al gobierno nacional desde que asumió en la Corte, reformada en 2006 por la gestión K, y que el primer magistrado designado a través del método público de nominación. Características que explican por qué los sectores de la derecha conservadora y los representantes de la oposición política lo eligieron como blanco a pocos días de una elección nacional.
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