lunes, 30 de abril de 2012

¿Quién es Oricchio?


 Por María Adelina Mercuri (PinamarInfo) Los vínculos del Dr. Carlos Eduardo Oricchio con el Poder Judicial ponen en duda la independencia en las actuaciones jurídicas del Ministerio Publico. El abogado y socio de Altieri, es el representante legal de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia nucleados en la “Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial La Plata”.

El representante legal
Carlos Oricchio es un hombre con muchas relaciones, él mismo hace gala de ellas cuando nombra su abultado curriculum. Además de su desempeño como hábil abogado en los estrados judiciales. A tal punto que en sus recurrentes disertaciones radiofónicas, escupe amenazas sobre los resarcimientos económicos que deberán responder, por lo que él considera difamaciones, su archi enemigo, Dr. Ventoso, y a las periodistas que informaron sobre sus actividades. La Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial La Plata es una organización con personería jurídica que nuclea a los funcionarios más importantes de la Provincia de Buenos Aires, como su denominación lo indica, y Carlos Oricchio es el representante legal de dicha institución junto a Jorge Omar Paolini, Secretario de Asuntos Institucionales de la Corte Suprema. Entre tan distinguida institución y los Dres. Carlos Eduardo Oricchio y Jorge Omar Paolini, en sus caracteres de letrados, existe un convenio: “Acuerdo Marco de Locación de Servicios Profesionales”. Que en su primer artículo especifica “el acuerdo de locación de los servicios profesionales de abogados para asesorar y atender las causas disciplinarias (actuaciones administrativas y/o sumarios administrativos) que se le sustancien a los afiliados que adhieran voluntariamente al convenio, promover, en su caso, las acciones contencioso administrativas correspondientes apelando las eventuales sanciones y asumiendo asimismo la defensa civil en caso de ser demandados en su condición de integrantes del Poder Judicial”. El uso de los servicios profesionales de Oricchio quedó consolidado a partir del 1 de agosto de 2011. La tercer cláusula del contrato especifica que “cada adherente al servicio deberá abonar la suma de pesos cuarenta ($ 40,00) mensuales, cantidad que será recaudada por la Asociación por la forma y modo que estipule y entregada a los profesionales del 1 al 10 de cada mes vencido. Dicho importe se ajustará en oportunidad de incrementarse los haberes en el Poder Judicial y en el mismo porcentaje y constituirá la única erogación a cargo de los adherentes por la actuación profesional convenida”. La dependencia laboral, representado-representante, tiene mucha relevancia. Las vinculaciones echan un manto de duda sobre la transparencia de los procesos en la Justicia bonaerense y el tráfico de influencia contornea la escena.



La relación con el Juzgado de Paz de Pinamar
El Juzgado de Paz de Pinamar no queda afuera de las sospechas de connivencia con el poder político en desmedro de la indispensable independencia de poderes. Y el Dr. Oricchio es otro eslabón en la conexión. En noviembre de 2007 la Jueza de Paz de Villa Gesell en su calidad de Juez subrogante del Juzgado de Paz de Pinamar (siendo titular el Dr. Carlos Rajcovich) denunció ante la Suprema Corte irregularidades observadas en el Juzgado pinamarense y que permitirían corrupción. Esto dio origen a expedientes administrativos que tramitan por ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia: C.J. 115/ 08 caratulado “Dra. Jofré Graciela Dora, titular del Juzgado de Paz Letrado de Villa Gesell s., informa irregularidades en el Juzgado de Paz Letrado de Pinamar (su acumulado C.J. 118/08 de igual carátula)”. El expediente puntualiza la causa contra la Dra. Silvia Guglielmetti como secretaria del Juzgado de Pinamar y que en ese momento (2007-2008) se encontraba a punto de ser nombrada jueza de Pinamar. La defensa de la Dra. Guglielmetti (hoy jueza) estaba a cargo del Dr. Carlos Eduardo Oricchio. Hace pocos días, en la entrevista realizada por Tito Bausela en “Que mañana”, el ex apoderado se definió simplemente como “asesor de la mencionada letrada” El trámite de la causa fue realizado subrepticiamente sin dar cuenta a la Jueza denunciante, quien no tuvo más acceso en subrogancias posteriores y fue suplantada por la Jueza de Madariaga. Las potenciales irregularidades se minimizaron y actualmente el expediente está cajoneado. El Juez Rajcovich elegantemente salió de escena con el beneficio de la jubilación y en Pinamar no ha pasado nada. En la actualidad los denunciados pasaron a ser denunciantes. En resumen la Dra. Silvia Guglielmetti revertió su situación y se determinó como denunciante de la Jueza Jofre. La denuncia tramita en la misma Subsecretaria: Expte. Administrativo C.J. 328/09 caratulado “S.C.J. Informe en expte. C.J. 115-08 y acumulado por cuerda C.J. 118_98 s. situación suscitada en el Juzgado de Paz Letrado de Pinamar”.
Director del Servicio Penitenciario bonaerense
El enfado del Dr. Oricchio contra la periodista, que menciono ante las cámaras de televisión su paso por el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, se hace sentir cada vez con más fuerza. Recordemos que Oricchio se desenvolvió en diversos cargos dentro de la Secretaria de Justicia, entre fines de los 80 y principios de los 90. Inclusive como director del Servicio Penitenciario en 1993, hasta la llamada “emergencia carcelaria” -decretada por Duhalde en 1994- que motivó el reemplazo del abogado Carlos Oricchio, civil que estaba al frente del organismo. En relación al paso del Dr. Oricchio por el Servicio Penitenciario: en enero de 2004 en el diario Hoy de La Plata, el ministro de Justicia, Eduardo di Rocco, anunciaba que el Gobierno destruirá 15 bastones y 4 escudos comprados en 1993 y 1996. Para armar al personal frente a eventuales motines. La decisión fue tomada luego de que trascendiera la existencia de “picanas” en el Servicio Penitenciario bonaerense. Los elementos se adquirieron en 1993, frente a una ola de motines. Antesala de lo que desembocó en el sangriento motín del penal de Cierra Chica.
La renuncia al Municipio de Pinamar
El ex abogado externo del Municipio de Pinamar, Carlos Eduardo Oricchio, acusó al Dr. Lucas Ventoso y a periodistas locales de “haber iniciado una campaña difamatoria y maliciosa en su contra”. Por esta razón el socio y amigo de Altieri declaró en la carta documento dirigida al Intendente que “se vio obligado a renunciar a fin de poder ejercer libremente la defensa de su derecho”. Asimismo le atribuyó a Ventoso la falaz afirmación de que su desempeño en el Municipio es de asesor legal externo, considerándolo un cargo inexistente. Oricchio destacó (no solo en su renuncia, sino en todos los medios radiales) que su cargo es el de “apoderado judicial en ejercicio de un mandato”. Sin embargo en los textos de las Ordenanzas que consignan y ratifican sus funciones, la designación es de “abogado externo del Municipio de Pinamar”. Por otro lado en dicha carta hizo referencia al artículo 274 de la Ley Orgánica de la Municipalidades y artículos del Código Civil para la determinación de su cargo. El Dr. Oricchio como un buen hombre de ley ha remarcado en distintos medios la designación del Intendente con acuerdo del HCD como si esta atribución fuera una “orden de honor otorgada de por vida”. Las evidencias muestran lo contrario. El Dr Oricchio como los describe el art. 274 de la L.O.M. está sujeto a una contratación cuyos servicios son requeridos por el Municipio y cuando se considere lo contrario se revocará. Durante el año pasado el Concejo Deliberante de Pinamar ha intentado disolver este mandato, concedido por Ordenanza 1333 del año 1993, por considerarlo improductivo. Para ello el Deliberativo aprobó el año pasado la ordenanzas 3939/11 para la suspensión de la contratación del “abogado externo que promueve los juicios de apremios”. Esta decisión legislativa incurrió en un mamarracho administrativo creado por el Intendente vecinalista. Cuando en mayo de 2011 el presidente del HCD, Alfredo Baldini, asumió el interinato de Altieri por cinco días, promulgó la ordenanza 3939/11. Pero cuando Altieri regresó obvió la actuación administrativa de Baldini y vetó dicha ordenanza. Este veto forma parte de un conjunto que suman dieciséis vetos realizados por el mandatario comunal durante el 2011 solamente.