“El problema es la falta de gestión”, dijo la directora de Administración de Obras Públicas, Bravo Almonacid. “La pobreza nos va a arruinar a todos. Hay que dar solución. Es ofensivo para la comunidad tener terrenos ociosos”.
Por Mariana Dufour
Hay diversas formas de quedarse con las viviendas de los sectores populares. Una es la ya conocida usurpación de viviendas sociales a lo Blas Altieri, sus hijas y sus funcionarios. Otra es la entrega de lotes a las familias más desamparadas sin ocuparse, al mismo tiempo, de gestionar planes de vivienda que brinden reales posibilidades de pago para la construcción de la casa. ¿Por qué? Porque la realidad ha demostrado que esta entrega de lotes esconde un suculento mercado negro del que parecen aprovecharse funcionarios y mercaderes bien informados. Así, por ejemplo, uno de los mejor informados sobre estos datos era el ex asesor municipal, Carlos Orichio. También, el empresario y ex secretario de Gobierno de Blas Altieri, Víctor Pardo, entre otros.
Hoy, la urgencia del tema viene de la mano de las usurpaciones, que tiene al Gobierno asustado ante la proximidad de las elecciones. Una situación critica que desnuda la falta de gestión gubernamental que se remonta a los años ´90 pero que repite liderazgo mupperero.
Apurados por aprobar
En la sesión ordinaria del miércoles 19, el Orden del Día contemplaba un proyecto de ordenanza que parece querer jugar con la necesidad de la gente, en plena campaña electoral.
El punto 7 pretendía la aprobación de una subdivisión de suelo para dar cumplimiento al Plan Familia Propietaria. Luego del alegato favorable a la rápida aprobación del punto realizada por el siempre oficialista, Edgardo Paso, el concejal Gabriel Vidauli dijo que el proyecto no había pasado por la Comisión de Planeamiento. También indicó que las áreas técnicas municipales no se habían expedido sobre el tema. La apurada iniciativa no cuenta ni con el informe sobre impacto ambiental.
A pesar de que Gladys Barce insistió en su aprobación alegando una supuesta urgencia en los tiempos del Gobierno Nacional - lo mismo sostuvo el director de Administración Municipal Alejandro Bayley -, el punto pasó a comisión por unanimidad.
La necesidad y la perversión del “juego”
El lunes 24, se reunieron en el Concejo Deliberante varios concejales con la directora de Administración de Obras Públicas Raquel Bravo Almonacid y Alejandro Bayley para tratar el expediente sobre el Plan Familia Propietaria.
Se trata de un Plan que nació en el ´92 y cuyos destinatarios son las parejas con hijos en situación de vulnerabilidad social que nunca fue concretado en Pinamar. ¿Por qué? Porque, como sabemos, el valor de la tierra en esta parte del país cotiza cada vez más alto fruto de las especulaciones que se suceden gracias a la falta de control municipal o, incluso, gracias a los negociados que incluirían a funcionarios y ex funcionarios de este Gobierno.
Las declaraciones que Almonacid realizó durante el encuentro sorprendieron a todos: como si no formara parte de este gobierno desde hace más de veinte años, la funcionaria y candidata a concejal por el MUPP reconoció que en Pinamar hay suelo ocioso y que el Municipio ha retenido tierras: “Hay que entregar la tierra; no se la puede retener”, dijo y explicó el mercado negro que se despliega en forma paralela a estos planes sin control municipal que mantienen el “alto valor del m2 del suelo” y que “ha excluido a un gran segmento de la sociedad que no tiene recursos para acompañar esto”. Pinamar “se asemeja a un country” que aloja a “segmentos de elite”, dijo.
Almonacid explicó que, en el´92, el Municipio compró macizos en Ostende (tierras aún no divididas en manzanas ni loteadas) ubicados entre las calles España, Praga Sarmiento y Central, con el aval del Plan Familia Propietaria y la Comisión de la Vivienda. Al tratarse de un macizo, el valor de esta tierra era muy bajo.
La candidata a concejal comentó que, al entregar las primeras tierras a los destinatarios, se les cobró $1.247 y que se labró un boleto en el que se estipulaban derechos y obligaciones para los adquirientes. Sin embargo, al tramitarse las escrituras a través de la Escribanía General de Gobierno, no se transcribieron las obligaciones. Cuando hicieron la compulsa, se presentaron dos escribanías: Falabella y Taboada. Ambas tuvieron paquetes de escrituras, explicó Almonacid.
Así, se creó el escenario óptimo para que se desplegara un perverso mercado negro alrededor de estas tierras y de estos vecinos que carecían de recursos económicos para sostenerlos: al entregar las tierras con todos los servicios, la zona subió drásticamente de valor y la mayoría vendió su lote al poco tiempo de obtenerlos. ¿Y el Estado Municipal dónde estuvo amparando a estos vecinos, carentes de trabajo formal y, por lo tanto, imposibilitados de mantener los lotes y de construir las viviendas? ¿Por qué no controló a estos oportunistas, devoradores de derechos? Si el Gobierno no brinda las posibilidades de financiar la construcción de las casas, ¿cómo pretende que estos vecinos puedan sostener los lotes?
Algunos de las 146 lotes han cambiado de mano hasta doce veces. Por esta razón, las familias vuelven a anotarse en la lista de emergencia que registra la Comisión de la Vivienda. Comisión que, por lo declarado por la funcionaria, no ha cumplido en nada su función.
“El problema es la falta de gestión”
Avanzada la reunión, Almonacid dijo que una de las causas de la profundización de la pobreza en Pinamar es el Código de Ordenamiento Urbano (COU) que prevé zonas residenciales con poca densidad. Es por esto que, en 2010, propuso al Poder Ejecutivo la construcción de viviendas colectivas o multifamiliares: así, los servicios serian distribuidos entre doce familias, “pero a Altieri no le gustó la idea” (¡!).
“La informalidad de la pobreza requiere escaparse del COU. Así es como se instalan construcciones ilegales, talleres mecánicos, verdulerías o quioscos en las casas”. Pero “nosotros no podemos frenar la informalidad. Debemos generar estrategias” dijo la funcionaria, con más de veinte años de gestión gubernamental.
Se acordó un poco tarde. Más de veinte años de gestión no supieron dar respuesta a miles las familias que padecen el frío y el desamparo. “Esta es la realidad con la que tenemos que lidiar….”, agregó. Corrección: esta es la realidad con la que deben lidiar las familias sin techo.
El oportuno proyecto presentado por el Gobierno para subdividir el suelo debiera complementarse con un plan para la vivienda para no repetir el negociado… pero el Gobierno municipal no consiguió los subsidios. Aun así, a través de sus fieles Paso, Barce y Germain, el Ejecutivo insiste en aprobar esta nueva y sospechosa subdivisión de suelos. El fantasma de la corrupción, plasmado en el emblemático Barrio de la Palometa, parece condenar a Pinamar.
Aún así, Almonacid alertó a los ediles diciéndoles que la Nación requiere que no haya terrenos ociosos porque serán tomados por el Plan Pro.Crear, un plan que no contempla viviendas colectivas como las proyectadas por la arquitecta y para las cuales – insisto – el Gobierno aún no ha conseguido los fondos.
A este panorama se agregó un dato llamativo: como falta realizar la agrimensura de esos terrenos, el Municipio propone la contratación de un equipo de profesionales cuyo costo se eleva a una cifra altísima: $500.000. ¿Y el equipo técnico municipal para que está, si no para atender estas situaciones? Pregunta sin respuesta…
A este panorama se suma un detalle más: la participación de Pardo en este entramado de tierras, negocios y especulaciones a través de la empresa Los Tepues, explicitada durante la reunión. Pero eso será revelado en otra nota.
Conclusión: el Poder Ejecutivo pretende que el HCD apruebe un proyecto cuya directora de Administración reconoció que aún no es viable y que no resistió un solo cuestionamiento de los ediles.
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