Esta U. B. RAMON CARRILLO de Pinamar, tiene el agrado de dirigirse a Ud. a fin de formalizar el pedido que como ciudadanos y como representantes de esta unidad de pensamiento político se expresa a continuación, solicitándole se proceda a dar conocimiento de la presente a la totalidad de Sres. Concejales, y obrar en consecuencia al mismo, todo ello relacionado con los hechos de público conocimiento que involucran a más de un concejal de ese H. Cuerpo en maniobras incompatibles con la función pública, y que provocan un grave demérito en el prestigio de esa Institución.
Estos hechos –a consecuencia de lo informado por la prensa- se encuentran, como corresponde, investigados por el titular de la Fiscalía descentralizada de Pinamar.
El H. Concejo Deliberante tiene entre sus múltiples facultades disciplinarias establecidas en la L.O.M., la de investigar. Se puede, por tanto, investigar al concejal que se autoincriminó en el video hecho público, pues el mismo sigue siendo suplente ante cualquier falencia del concejal titular, funciones que ejercerá hasta el 10 de Diciembre de 2011. Ello lo obliga a estar sujeto al poder disciplinario del Concejo Deliberante, al igual que los otros miembros involucrados, independientemente de la instrucción que lleva adelante el Fiscal titular de la UFI 3 de nuestra ciudad.
Los arts. 14 y 82 de la Ley Orgánica de las Municipalidades crean y sostienen el poder disciplinario que el HCD debe ejercer sobre sus miembros, cuando existan causas establecidas en la propia ley, entre las que se encuentra el “…desorden de conducta…” de los concejales.
Esta atribución, ha sido definida por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, como un “deber”, no se trata de una simple posibilidad, que se encuentra entre sus facultades, es su obligación (SCBA Causa B 85.688, Lexis Nº 14/67332)
No se olvide nadie que no sólo hay que ser honesto en la función pública, además, hay que parecer que se es honesto. El H. Concejo tiene facultades investigativas y sancionatorias que debe ejercer.
La inacción únicamente genera más confusión, pues nadie se puede diferenciar, se encuentran la totalidad de concejales y funcionarios que participaron en el proceso licitatorio bajo un manto de sospechas, y de confirmarse los aberrantes hechos, sus autores deben ser cesanteados inmediatamente, pues perjudican al pueblo trabajador y defraudan la confianza que el ciudadano depositó en sus representantes.
El silencio o la lentitud para reaccionar no aportan claridad al tema y nuestra Unidad Básica y cada uno de sus miembros, repudian profundamente cualquier acto de corrupción como el denunciado, pues representamos al verdadero justicialismo, que no claudica y no claudicará, para hacer desaparecer esas prácticas indecentes, en la lucha diaria que mantenemos para la defensa del pueblo y sus necesidades.
Por ello, solicitamos a la Sra. Presidente haga efectiva esa facultad disciplinaria, y se proceda a la creación de una Comisión Investigadora para dar cabida a esta legítima inquietud, y se hagan efectivas las responsabilidades que se determinen, y se apliquen, en su caso, de corresponder, las sanciones establecidas por el art.14 de la L.O.M.
Saludamos a Ud. con distinguida consideración.
RUBEN L. VAQUER- Sec. General
U.B. RAMON CARRILLO
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