Viernes, 8 de Febrero de 2013
Por Mariana Dufour / El pasado 18 de enero, el abogado Lucas Ventoso presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Pinamar - a cargo de Juan Pablo Calderón - para que se investigue “la posible comisión de los delitos de asociación ilícita, trata de personas, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público eventualmente cometido por funcionarios públicos de la municipalidad de Pinamar”.
Todos estos, delitos indispensables para cometer la trata de personas y para la cual se requiere de la participación de más de tres personas o autoridades municipales, tal como lo denuncia el abogado.
Ventoso menciona como funcionarios administrativa y penalmente competentes y responsables de los hechos denunciados al Intendente interino, Hernán Muriale, al director de Fiscalización de Pinamar, Roberto Baena, y al coordinar de Playa, Enrique Arias, “sin perjuicio de la responsabilidad penal de otros funcionarios municipales como inspectores municipales y policiales que han omitido de manera deliberada su deber legal de control para permitir la consumación de los hechos”.
Los hechos que fundamentan la denuncia del abogado se inician en diciembre de 2012 “con el reclutamiento de la mano de obra (vendedores ambulantes). Estos vendedores, “en su mayoría, provienen del conurbano bonaerense, según los dichos de los mismos vendedores”.
Tal como informa Ventoso en su denuncia penal, “este reclutamiento de vendedores ambulantes se efectuó con el propósito de explotarlos laboralmente en las playas del partido de Pinamar durante la presente temporada”. Ventoso alega que esta información se la brindaron los mismos trabajadores que se encuentra hacinados en una precaria casilla entre el parador UFO Point y Bacota.
“El mismo vendedor también me manifestó que fue traído hasta aquí mediante engaño, ya que ninguno de ellos sabía que iban a vivir en una casilla como ésa, ´yo soy un mulo´, -me dijo, ´tengo que dormir donde sea´” expone en su denuncia el abogado.
Estos vendedores ambulantes, “sin permiso municipal, venden mercadería que les proveen a un precio de $15 por gaseosa, de los cuales $5 son para el vendedor y los restantes $10 se lo entregan a una tercera persona que no han podido identificar”.
Ventoso explica que “una parte de los vendedores ambulantes duermen hacinados durante todas las noches en dos casillas precarias de madera aglomerada, construidas ilegalmente sin permiso del Honorable Concejo Deliberante de Pinamar, sobre el espacio público del frente marítimo, asentada directamente sobre el suelo de la playa, sin luz, ni agua, ni baño”. Y agrega que “están expuestas públicamente a la vista de todos los que circulen por la avenida del Mar o por la playa”. Quien recorra la playa, podrá constara esta información.
Una de estas casillas se encuentra en el sector más concurrido de las playas de Pinamar: Av. del Mar y de las Artes y la otra en la Av. Del Mar, frente al muelle, entre la Prefectura Naval Argentina y la Dirección de Seguridad en Playas de Pinamar. Diversas fuentes que solicitaron mantener el anonimato informaron que los que atienden los puestos “sacan luz” de esta Dirección municipal para alimentar los freezers y confirmaron que cuentan con el beneplácito de los funcionaros responsables.
El abogado denunciante remarca “el peligro inminente en la vida de las personas que duermen hacinadas allí, más aún si dentro de las casillas duermen bebés, dado que en el caso de que se incendie un colchón por el uso de fuego (no tienen luz eléctrica), la madera arderá en segundos”. Ventoso alertó a la Fiscalía, que, “había una madre con un bebé de meses en un canasto dentro de la casilla” ubicada a metros de UFO Point. .
Reclutamiento de menores
A esta grave situación, se agregaría el reclutamiento de menores, lo que implica una clara violación a los tratados internacionales que defienden los derechos de la infancia y de la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de los Niños y los Adolecentes (Ley Nº 26.061) cuyo objeto es “la promoción y protección integral de los derechos de los niños”. Derechos que el Estado debe garantizar promoviendo “la remoción de los obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad y la libertad, impidan o entorpezcan el pleno desarrollo de los niños y su efectiva participación en la comunidad”.
Responsabilidad penal del intendente y sus funcionarios competentes
Los sitios en donde se han instalado las casillas ilegales no pueden pasar inadvertido para ningún funcionario público municipal del área de Fiscalización ni de Habilitaciones Comerciales. Tampoco a los funcionarios policiales que recorren la playa del partido de Pinamar controlando los permisos de los vendedores ambulantes, “de manera que su dolosa inacción resulta indispensable para que los hechos denunciados se hayan consumado”.
Ventoso explica que “para que sean posibles los hechos aquí denunciados, se requirió la participación necesaria de varios funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal (Dirección de Fiscalización y Habilitaciones comerciales), a través de su conducta de omisión impropia”.
Si la Dirección de Fiscalización “hubiese actuado de manera legal los hechos denunciados no hubiesen podido consumarse de ninguna manera. Y su responsabilidad penal surge de manera aún más evidente dado el carácter notoriamente público del lugar en donde son alojadas las personas explotadas que realizan su trabajo de manera ilegal a plena luz del día y en las zonas más expuestas del partido de Pinamar” reflexiona e imputa el abogado.
Por todo esto, Ventoso requiere al Ministerio Público Fiscal que “se adopten todas las medidas necesarias para preservar la integridad de las víctimas explotadas, se informe a la Procuración General de la SCBA y a la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de Trata de Personas”.
Hoy, la denuncia penal se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía Nº 3 de Dolores a cargo del Fiscal Diego Torres. “Él es el responsable de la investigación pero, hasta hoy, todo sigue igual. El fiscal debería explicar por qué las casillas siguen habitadas con gente en condiciones de explotación laboral”, dijo el letrado.
Ante la inacción de Torres, el 6 de febrero, Ventoso hizo una presentación administrativa ante el intendente interino, Hernán Muriale, “para que se investigue y se determine la responsabilidad administrativa de los distintos funcionarios públicos competentes”, e instó a la Municipalidad a “preservar la integridad de las víctimas explotadas”.
Hoy, el abogado hará entrega en Presidencia del HCD de un documento en el cual insta a los concejales a llamen a una urgente sesión extraordinaria que obligue al Poder Ejecutivo a investigar los hechos denunciados y para que se inicie un sumario administrativo al intendente y los funcionarios nombrados.
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