Por Paulo Elie (*)
Con una variada cantidad de artículos, la Constitución Nacional resguarda la libertad de prensa. Cuándo la misma se sancionó en 1853, y en cada una de sus reformas, ese espíritu siempre quedó plasmado como un derecho irrenunciable, al que cada tanto alguna Ley intentó delimitar.
No en vano al derecho mencionado, lo resguardan los Artículos 14, 28, 32, 33, 43 y 75 incisos 22 y 23, de la Constitución Nacional, y similares en la Carta Magna de la Provincia.
Ahora, ¿qué ocurre cuando un funcionario público, en uso de sus funciones desconoce tal articulado? En primer lugar, la defensa de los fueros parlamentarios los excluye, dado que sólo hace mención a quienes tienen la tarea de debatir, parlamentar, legislar, es decir Senadores, Diputados, Concejales. Por lo que se entiende que todo aquél que no esté alcanzado por esta normativa, está desoyendo y por lo tanto desobedeciendo la Ley.
En segundo lugar, y estando bajo el estado de Derecho, no corresponde el mal trato a la prensa, en su calidad de tal y en el ejercicio para la que fue conferida, bajo ningún aspecto.
Acompaño el repudio a lo actuado por parte del director de Seguridad, Jorge Van Der Gothe, de quien considero, en base a los relatado por los compañeros ofendidos, quien “considera que tiene la libertad de insultar y desacreditar a quien no opina como el”, no puede estar a cargo de una cartera tan sensible como es la seguridad. Opino, haciéndome eco de la solicitada de la APP, que si “la falta de respuestas con fundamento le da el derecho a insultar”.
He visto que los agravios podrían provenir de la ex concejala Leonor Dimaio, cumpliendo funciones en el Poder Ejecutivo. De ser así, es atendible al intendente Municipal el solicitar el desplazamiento de uno u otros funcionarios que no respetaran el deber de información.
Atento a lo informado por la Asociación de Prensa de Pinamar, de la cual formo parte desde sus inicios, me sumo a los repudios por el mal trato recibido por los compañeros comunicadores y acompaño la solicitud de pedido de disculpas de parte del Poder Ejecutivo, asimismo insto a los representantes de la comunidad, reunidos en el Concejo Deliberante, a sancionar un enérgico repudio para que hechos como éstos no vuelvan a sucederse en la comunidad de Pinamar.
(*) Abogado y Periodista
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