Por Mariana Dufour
No es secreto para nadie que el intendente de Pinamar, Blas Antonio Altieri, esta siendo cuestionado por serias irregularidades administrativas por la Comisión Investigadora creada por el Concejo Deliberante hace dos meses. Uno de los puntos más graves se refiere a la construcción de un complejo habitacional destinado a las familias mas necesitadas de Pinamar. Estas viviendas, no solo no fueron construidas bajo los parámetros exigidos por la provincia sino que fueron otorgadas por el intendente a sus hijas, sus amigos y sus funcionarios.
Para no confundir cuestiones tildadas de políticas con hechos y resoluciones reales y concretas, es necesario remarcar que, mucho antes de que se conformara esta Comisión, una investigación oficial realizada a partir de las denuncias del abogado y asesor legislativo Lucas Ventoso, determinó que 22 de las 25 viviendas debían ser “desadjudicadas”.
¿La razón? “Se ha demostrado fehacientemente la transgresión a las normas que establece la Ley”. El Instituto provincial de la Vivienda claramente se refiere a “la situación irregular existente en el conjunto habitacional” surgido a partir de un “informe pormenorizado” realizado por la Dirección General de Inmobiliaria y Social. Estas irregularidades involucrarían a funcionarios y ex funcionarios del gabinete municipal. Sin olvidar que las viviendas fueron ocupadas por las hijas de Altieri aprovechando el poder que su padre ejercía desde la intendencia.
Es necesario remarcar que estos familiares tienen nombre, apellido y responsabilidad sobre sus actos: Elena María y María Constanza Altieri. A esos nombres se suman otros: el ex secretario de Acción Social y hoy secretario de Servicios Urbanos, Alberto Morales, que se auto adjudicó dos viviendas y el concejal Aquiles Linfante, entre otros.
La resolución emanada de la provincia no es una decisión nacida “del resentimiento y la envidia” de algún concejal “destitutyente”, tal como lo pretende mostrar el intendente. Sin embargo, la comunidad parece no reaccionar. La indignación ante tamaña desviación de los dineros públicos pereciera ser un sentimiento alejado de este Pinamar atravesado por la corrupción y, aparentemente, acostumbrado a ella.
Un negocio redondo
Recordemos que Altieri no esta, ni estaba, solo en estas cuestiones. En el tema especifico de las viviendas, la denuncia por asociación ilícita presentada por Ventoso incluye al recientemente renunciante abogado externo del Municipio, Carlos Oricchio, y a su amigo, ex secretario de Turismo y falso ingeniero, Luis Abruzzese. El “negocio” de haber tramitado el subsidio para estas viviendas, no se agota en la auto adjudicación de ellas. Ese fue solo el final de un plan perfectamente pensado.
Recordemos que, según la denuncia el abogado, Blas Altieri “participó de todos las instancias de la construcción y entrega de las viviendas populares: la conformación de una oportuna fundación con sus amigos ejecutora del plan, la compra del terreno a través de la inmobiliaria Altieri, la venta de los materiales de construcción a través de su empresa denominada Organización Itar y la entrega de las viviendas a sus familiares. El intendente “tuvo el dominio de los hechos en todo momento”.
No debemos olvidar que estas casas fueron otorgadas a través del Decreto Nº 3201 del año ’70, en cuyos considerandos estipula claramente que el objetivo del subsidio es poner en marcha mecanismos capaces de paliar la urgente necesidad de vivienda entre la población careciente o imposibilitada de acceder a un crédito bancario. Una situación compleja que no cumple, ni cumplía, el intendente Blas Altieri, su familia, ni sus amigos. Algo que el 9 de marzo ratificó el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires a través de la Resolución Nº 1099.
Las declaraciones mediáticas negando todo por parte del intendente son ya de público conocimiento y fueron repetidas hasta el hartazgo: “A las viviendas accedía gente de medianos recursos con empleo fijo y que podía pagar el lote y la cuota de la vivienda. Puede estar mi hija, mi abuela, que son como cualquiera, que tienen derecho”.
¿Qué más necesita la comunidad para indignarse y salir a la calle a exigir la devolución de esas viviendas? ¿Cuánto mas frío y desamparo es capaz de soportar esta comunidad que ve impávida cómo las hijas del intendente y sus funcionarios duermen bajo el abrigo de estas casas que no les corresponden mientras un porcentaje muy importante de las familias pinamarenses duermen, trabajan, estudian y acunan hijos envueltos en el frío? ¿Qué espera la comunidad de Pinamar para pedir explicaciones sin esperar que sean los papeles y los sellos los que exijan la devolución de esas casas ocupadas por extraños? Hay 150 familias que, hace 12 inviernos, esperan por sus viviendas.
Como inquirió una vecina, madre de tres hijos: “Por qué están tan mal repartidas las cosas”.Y, con la claridad de la que gozan los trabajadores, respondió: “Acá estamos en un lugar de terratenientes. Hay demasiado acomodo porque son los hijos de menganito y sultanito! Acá son todos hijos de…”.
Para no confundir cuestiones tildadas de políticas con hechos y resoluciones reales y concretas, es necesario remarcar que, mucho antes de que se conformara esta Comisión, una investigación oficial realizada a partir de las denuncias del abogado y asesor legislativo Lucas Ventoso, determinó que 22 de las 25 viviendas debían ser “desadjudicadas”.
¿La razón? “Se ha demostrado fehacientemente la transgresión a las normas que establece la Ley”. El Instituto provincial de la Vivienda claramente se refiere a “la situación irregular existente en el conjunto habitacional” surgido a partir de un “informe pormenorizado” realizado por la Dirección General de Inmobiliaria y Social. Estas irregularidades involucrarían a funcionarios y ex funcionarios del gabinete municipal. Sin olvidar que las viviendas fueron ocupadas por las hijas de Altieri aprovechando el poder que su padre ejercía desde la intendencia.
Es necesario remarcar que estos familiares tienen nombre, apellido y responsabilidad sobre sus actos: Elena María y María Constanza Altieri. A esos nombres se suman otros: el ex secretario de Acción Social y hoy secretario de Servicios Urbanos, Alberto Morales, que se auto adjudicó dos viviendas y el concejal Aquiles Linfante, entre otros.
La resolución emanada de la provincia no es una decisión nacida “del resentimiento y la envidia” de algún concejal “destitutyente”, tal como lo pretende mostrar el intendente. Sin embargo, la comunidad parece no reaccionar. La indignación ante tamaña desviación de los dineros públicos pereciera ser un sentimiento alejado de este Pinamar atravesado por la corrupción y, aparentemente, acostumbrado a ella.
Un negocio redondo
Recordemos que Altieri no esta, ni estaba, solo en estas cuestiones. En el tema especifico de las viviendas, la denuncia por asociación ilícita presentada por Ventoso incluye al recientemente renunciante abogado externo del Municipio, Carlos Oricchio, y a su amigo, ex secretario de Turismo y falso ingeniero, Luis Abruzzese. El “negocio” de haber tramitado el subsidio para estas viviendas, no se agota en la auto adjudicación de ellas. Ese fue solo el final de un plan perfectamente pensado.
Recordemos que, según la denuncia el abogado, Blas Altieri “participó de todos las instancias de la construcción y entrega de las viviendas populares: la conformación de una oportuna fundación con sus amigos ejecutora del plan, la compra del terreno a través de la inmobiliaria Altieri, la venta de los materiales de construcción a través de su empresa denominada Organización Itar y la entrega de las viviendas a sus familiares. El intendente “tuvo el dominio de los hechos en todo momento”.
No debemos olvidar que estas casas fueron otorgadas a través del Decreto Nº 3201 del año ’70, en cuyos considerandos estipula claramente que el objetivo del subsidio es poner en marcha mecanismos capaces de paliar la urgente necesidad de vivienda entre la población careciente o imposibilitada de acceder a un crédito bancario. Una situación compleja que no cumple, ni cumplía, el intendente Blas Altieri, su familia, ni sus amigos. Algo que el 9 de marzo ratificó el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires a través de la Resolución Nº 1099.
Las declaraciones mediáticas negando todo por parte del intendente son ya de público conocimiento y fueron repetidas hasta el hartazgo: “A las viviendas accedía gente de medianos recursos con empleo fijo y que podía pagar el lote y la cuota de la vivienda. Puede estar mi hija, mi abuela, que son como cualquiera, que tienen derecho”.
¿Qué más necesita la comunidad para indignarse y salir a la calle a exigir la devolución de esas viviendas? ¿Cuánto mas frío y desamparo es capaz de soportar esta comunidad que ve impávida cómo las hijas del intendente y sus funcionarios duermen bajo el abrigo de estas casas que no les corresponden mientras un porcentaje muy importante de las familias pinamarenses duermen, trabajan, estudian y acunan hijos envueltos en el frío? ¿Qué espera la comunidad de Pinamar para pedir explicaciones sin esperar que sean los papeles y los sellos los que exijan la devolución de esas casas ocupadas por extraños? Hay 150 familias que, hace 12 inviernos, esperan por sus viviendas.
Como inquirió una vecina, madre de tres hijos: “Por qué están tan mal repartidas las cosas”.Y, con la claridad de la que gozan los trabajadores, respondió: “Acá estamos en un lugar de terratenientes. Hay demasiado acomodo porque son los hijos de menganito y sultanito! Acá son todos hijos de…”.
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