(La Nación) El polémico plan de viviendas sociales otorgadas hace una década a familiares y allegados al destituido intendente de Pinamar, Blas Altieri, tiene como beneficiarios a dos funcionarios del gobierno nacional.
Se trata del titular de la Unidad de Atención Integral (UDAI) de la Anses local, Leandro Reveron, y del director de Instrumentos Impositivos, Financieros y Fiscales de la Dirección Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios del Ministerio de Agricultura, Jorge Alejandro Ricaldoni.
El controvertido complejo de Pinamar fue concebido a mediados de 2000 y ubicado en pleno centro de la ciudad balnearia -Palometa y Valle Fértil- a través de un convenio entre el organismo bonaerense y la hoy desaparecida Fundación Eco-Pinar. Originalmente se planeó erigir 150 unidades familiares, pero finalmente sólo se construyeron 25, en el marco del decreto 3201/70, que regula la regula la adjudicación de las viviendas sociales. La normativa plantea que el adjudicatario y su "círculo familiar" no deben tener posibilidad de acceso a un inmueble.
Además, los adjudicatarios, que comenzaron a ocupar las casas en 2003, firmaron un contrato en el que consta expresamente la intervención y el financiamiento del Instituto de la Vivienda bonaerense (IVBA). Al punto que el depósito de las cuotas mensuales y consecutivas debió hacerse directamente a nombre de la dependencia oficial.
Después de una serie de censos realizados el año pasado, el IVBA detectó irregularidades en el cumplimiento de los requisitos para la adjudicación como "falta de ocupación real y efectiva", "existencia de bienes en cabeza de los beneficiarios" y "falsedad en las declaraciones juradas", según consta en la resolución N° 1099 del organismo, que en marzo pasado ordenó "desadjudicar" a 22 de los 25 beneficiarios del complejo de viviendas.
Imputaciones
La denuncia por el complejo de viviendas sociales fue una de las imputaciones clave en el proceso de destitución de Altieri, cuyas hijas, María Constanza y Elena María, figuran entre los beneficiarios, al igual que los hijos del secretario de Servicios Urbanos de la comuna, Juan Alberto Morales.
Altieri defendió a sus hijas al sostener que no tenían otra forma de acceder a una vivienda y denunció que hay un "transfondo político" para perjudicarlo. Las hijas de Altieri son, además, socias fundadoras junto con su padre de las empresas Pinar del Mar SRL y Los Cucos SA, según lo publicado en el Boletín Oficial.
Reveron vive junto a su esposa, la ya citada Elena María Altieri, en la casa N° 4 del complejo construido con fondos públicos para personas sin posibilidades de acceder a un inmueble. La vivienda está a nombre de la mujer. El funcionario no respondió las llamadas de LA NACION. Anoche trascendió que el titular de la Anses, Diego Bossio, evaluaba la separación de Reveron de su cargo.
El caso de Ricaldoni es diferente: la casa N° 23 le fue asignada a su hijo, Federico Ricaldoni, de 31 años, que no vive en forma permanente en Pinamar y que es socio gerente de una empresa de alquiler de equipos de filmación con sede en La Plata. Cuando las casas fueron otorgadas el joven tenía 19 años y acababa de egresar del secundario en el colegio San Luis, un establecimiento privados tradicional de La Plata.
El servicio telefónico del inmueble figura a nombre de la esposa del funcionario nacional, Diana Graciela Lebed, que se desempeña en una defensoría oficial de la justicia platense y es hermana de Haroldo Lebed, secretario de Coordinación de Políticas Institucionales del Ministerio de Agricultura.
"Iniciativa privada"
Ricaldoni, que además de funcionario es abogado, guionista cinematográfico, empresario y, según los registros de la AFIP, productor agropecuario con campo en Carlos Casares, afirmó que nunca supieron que se trataba de viviendas sociales. "Para nosotros siempre fue una iniciativa privada avalada por el gobierno provincial, que nos dio la oportunidad de ayudar a mi hijo", indicó.
No obstante, ante la consulta de LA NACION, terminó por reconocer el usufructo familiar de la vivienda, su intervención en reuniones de copropietarios y hasta reveló que en varias oportunidades fue a reclamar al IVBA.
Además, aseguró: "Nunca me gustó la operatoria que rodeó al proyecto porque tenía el tufillo del menemato". Ricaldoni confirmó que defenderá los "derechos adquiridos" por su familia. "O tendrán que devolverme el dinero que puse", advirtió.
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