miércoles, 25 de abril de 2012
Altieri estrena un vehiculo valuado en $140.000 sin autorización del Concejo Deliberante.
Por Mariana Dufour
Durante los dos últimos dos años y medio, Pinamar vivió una secuencia de tiempos eleccionarios poco comunes. Como corolario de la destitución del ex intendente Roberto Porretti, año y medio después, se llamó a elecciones para cubrir su cargo. El elegido fue Blas Altieri, ancestral y único líder del MUPP (Movimiento por el Partido de Pinamar), un rejunte de militantes de todos los colores desilusionados de sus partidos madres.
“Junto a mi equipo de trabajo hemos reconstituido y recuperado las instituciones de la democracia del Partido de Pinamar” dijo hace apenas cuatro meses el hoy investigado intendente Altieri durante el acto de asunción. “Quiero agradecer a nuestra comunidad que supo tener paciencia, esperanza y fe de que la crisis institucional que atravesábamos se iba a solucionar”.
Altieri ganó las elecciones de la mano del gobernador Daniel Scioli y de un argumento que esgrimió hasta el cansancio: “Luego de una meticulosa administración, se logró alcanzar el equilibrio económico y financiero”. Y remarcó que el Municipio estaba “saneado y en orden”. Tan solo un mes después, ante el rechazo de los ediles al proyecto de Presupuesto 2012 que ascendía de $124 a $200 millones, el intendente y su gabinete declararon que el Municipio estaba “en estado de emergencia financiera”.
Emergencia económica
En el día de ayer, el Ejecutivo envió un comunicado de prensa que asegura que “es inminente la declaración de emergencia económica” en Pinamar. Una situación que enardece aún más los ánimos de los trabajadores municipales que reclaman, desde hace meses con paros y marchas, el aumento salarial prometido durante la campaña.
El ajuste anunciado por el intendente inició en diciembre en todas las áreas y se ha profundizado en estos días: la Colonia de Vacaciones que atiende niños con necesidades urgentes vio mermada su matrícula al 50%, los profesores de la Casa del Adolescente fueron suspendidos, la Escuela Universitaria de Enfermería no inició sus clases, los 58 talleres que hace veinte años se dictan desde la Dirección de Cultura, tampoco abrieron el periodo 2012; los profesores de Educación Física no han iniciado su actividad con los niños y jóvenes de la comunidad en el Polideportivo. Se suspendieron los contratos a los trabajadores que, año tras año, brindan refuerzos en Fiscalización y Tránsito durante la temporada. Altieri, incluso, pretendió achicar la contratación minima exigida por ley de guardavidas municipales durante el verano.
Es decir, el Estado Municipal suspendió arbitrariamente los contratos de más de ciento cincuenta trabajadores dejándolos afuera de la cobertura social, de los aportes para la jubilación y de todo amparo estatal garantizado por la Constitución. La comunidad, los contribuyentes, vieron perjudicados sus servicios.
Cuestión de prioridades…
Mientras Pinamar vive esta critica situación, digna de los `90, hace tan solo unos días, el intendente adquirió un vehículo por un valor de $149.000 con fondos públicos. La ley de contrataciones prevé que las compras superiores a los $30.000 deben concretarse con la autorización del HCD. Pero Altieri no solicitó este permiso y compró su cero KM de tan solo $149.000 que exhibe por las calles de Pinamar.
La pasión del intendente por los rodados, no es nueva. El abogado Lucas Ventoso presentó una grave denuncia contra Altieri que engrosa la ya abultada causa que esta detenida “por la Fiscalía General de Dolores Dolores” y que la Comisión Investigadora está analizando. La denuncia se refiere al supuesto manejo discrecional de fondos públicos provenientes de las automotrices que sponsorean sus productos durante las temporadas en la cotizada Pinamar. Es decir, Ventoso pide que se investigue si el Intendente fue beneficiado con la entrega de una camioneta Tuareg a cambio del cobro de un canon muy beneficioso para la empresa.
“Un precio siete veces menor”
Ventoso explicó a la prensa la denuncia que involucraría a la empresa Volkswagen: “Altieri fijaba para Volkswagen un precio siete veces menor que al resto de las automotrices por el uso del espacio público durante todo el año”. El abogado sostiene que hay una relación entre la concesionaria y Altieri al afirmar que “sus empresas (ITAR SA y el asador y parrilla La Carreta SRL) le compraron dos camiones a Volkswagen SA. con un descuento de más del 30% por unidad, lo que equivale a casi $70.000 por camión”. Y explicó que estas ventas “fueron efectuadas de manera directa, entre sus empresas y Volkswagen SA, sin la intervención de concesionarios”.
En ese contexto, “Altieri fijaba un valor absurdo y ridículo de $12.000 a esa misma empresa automotriz por el uso del espacio público anual sobre la Av. Bunge. Hice la denuncia en el Concejo Deliberante hace tres años y los concejales no hicieron nada” expresó Ventoso.
El abogado presentó a la Justicia las facturas que emitió la empresa Volkswagen. “De la única manera que él mandatario puede negar sus afirmaciones sería negando todos y cada uno de los documentos probatorios existentes en la causa penal”. Ante esto, Altieri se escudó en que la denuncia de la camioneta Tuareg “nunca fue demostrada. No hay delito y toda esta instrumentación está basada en ideas y no en hechos concretos”. Las acusaciones “están fundadas en hechos anteriores a esta gestión que fueron aprobados por los diversos controles”.
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